Mientras el Palacio de Hacienda celebra la desaceleración de precios y proyecta estabilidad cambiaria a largo plazo, los informes sectoriales encienden alertas por la disparidad entre los sectores exportadores y la parálisis del mercado doméstico.
La conducción económica nacional ratificó el rumbo de las variables macroeconómicas basándose en proyecciones privadas que ubican la inflación de mayo entre el 2,1% y el 2,5%, consolidando una nueva baja respecto al mes anterior. Según los últimos datos oficiales, el sostenimiento de la actividad descansa fundamentalmente en el dinamismo de los sectores energético y agropecuario, los cuales garantizaron un ingreso récord de divisas durante el último período.
Sin embargo, el escenario macroeconómico contrasta con la realidad del consumo interno y la recaudación fiscal. Ante la persistente caída de las ventas minoristas y la promesa oficial de reducir la carga impositiva en el mediano plazo, la Administración Federal de Ingresos Públicos activó un plan de fiscalización quirúrgica asistido por sistemas algorítmicos. La estrategia oficial apunta de manera exclusiva a los grandes actores del mercado para asegurar el flujo de recursos hacia el Tesoro sin resentir las metas de superávit.
Desde el sector corporativo, que recientemente asimiló las reformas laborales y los incentivos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), las demandas se concentran ahora en la aceleración de la baja de retenciones y la revisión de normativas comerciales específicas, como la Ley de Etiquetado Frontal. Los analistas del mercado financiero local advierten que el principal desafío del Ministerio de Economía consiste en transformar el ordenamiento de las cuentas públicas en una reactivación tangible que neutralice los efectos del ajuste en los sectores de menores ingresos, quienes hoy destinan cerca de un tercio de sus recursos al pago de tributos.
