Por presión de los aliados y para evitar que se caiga la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Gobierno aceptó retirar el capítulo más cuestionado: el que eliminaba las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
Las provincias habían manifestado su rechazo a esos artículos, lo que ponía en riesgo la aprobación del proyecto. Patricia Bullrich confía en que ahora tendrá los votos necesarios, aunque entre los aliados persisten dudas.
La decisión refleja la fragilidad del oficialismo en el Congreso y la necesidad de negociar cada punto con gobernadores y bloques aliados.
El debate sobre tierras se convirtió en un símbolo de la tensión entre el modelo ultraliberal del Gobierno y las demandas de soberanía territorial.
