El Ejecutivo asignó más recursos a las universidades nacionales y aseguró que dio el primer paso para cumplir con la cautelar de la Justicia que ordenaba garantizar su financiamiento. La medida se concretó mediante un DNU que amplió el Presupuesto 2026 en más de 4 billones de pesos.
El refuerzo también alcanzó a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), lo que generó debate sobre las prioridades del gasto público. Desde el Gobierno sostienen que la decisión busca equilibrar las demandas judiciales con las necesidades estratégicas.
Las universidades celebraron la medida, aunque advirtieron que el monto aún no alcanza para cubrir el déficit acumulado. La comunidad académica reclama un plan de financiamiento sostenido y transparente.
El tema se instala como uno de los ejes de la agenda educativa y política, en un contexto de ajuste fiscal y tensiones con las provincias.
