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El Gobierno dio el primer paso para privatizar AySA y otras empresas estatales

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo activó el proceso de evaluación para avanzar en la venta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Energía Argentina (Enarsa) e Intercargo. La medida se enmarca en los lineamientos de la Ley Bases.

18 julio, 2025
in Política
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El Gobierno dio el primer paso para privatizar AySA y otras empresas estatales
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El Gobierno nacional formalizó este lunes el inicio del proceso de privatización de AySA, Enarsa e Intercargo, al declarar “sujetas a privatización” a las tres compañías estatales. La decisión fue oficializada a través de la Resolución 469/2024 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, y se basa en las facultades otorgadas por la recientemente sancionada Ley Bases.

Con esta medida, el Ejecutivo instruyó al Ministerio de Economía y al Comité de Privatizaciones a llevar adelante los estudios técnicos necesarios y definir las modalidades mediante las cuales se ejecutará la transferencia al sector privado. Las opciones incluyen la venta total, parcial o concesiones, según cada caso.

AySA, empresa encargada del suministro de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, está bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete desde 2020. La firma había quedado excluida del primer listado de empresas a privatizar durante el debate legislativo, pero finalmente fue incorporada en el texto definitivo de la Ley Bases.

La resolución también alcanza a Intercargo, responsable de los servicios de rampa en aeropuertos, y a Energía Argentina (Enarsa), empresa vinculada a proyectos energéticos estratégicos. En todos los casos, se buscará asegurar la continuidad del servicio y condiciones de transparencia en el traspaso.

Desde el oficialismo aseguran que la decisión apunta a “reducir el déficit fiscal, mejorar la eficiencia y concentrar al Estado en funciones esenciales”. Sin embargo, sectores de la oposición y gremios ya anticiparon su rechazo y alertan sobre posibles impactos en la calidad del servicio y el empleo.

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