El Gobierno nacional confirmó este martes una fuerte reestructuración en el área de Derechos Humanos: la Secretaría que hasta ahora dependía del Ministerio de Justicia pasará a ser una subsecretaría, y se anunció el despido del 30% de su planta de personal.
La decisión fue oficializada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien aseguró que la medida responde a “criterios de eficiencia administrativa y austeridad del gasto público”. Según detalló, los despidos se producirán “de manera progresiva” y apuntan a “reducir estructuras innecesarias”.
Con este cambio, la Secretaría de Derechos Humanos pierde jerarquía dentro del organigrama estatal. Desde el Ejecutivo sostienen que la nueva estructura será “más ágil y funcional a los objetivos reales del área”, aunque el anuncio ya generó críticas por parte de organismos y referentes vinculados a la defensa de los derechos humanos.
“La Argentina necesita un Estado moderno, austero y que esté al servicio de la gente. Vamos a seguir achicando donde haya exceso y despilfarro”, declaró Adorni durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
La Secretaría había cobrado un fuerte perfil durante las gestiones anteriores, particularmente en temas vinculados a la memoria histórica, los juicios por delitos de lesa humanidad y políticas reparatorias. El actual Gobierno ya había adelantado su intención de revisar el enfoque del área.
Desde organismos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, así como referentes de la oposición, se criticó duramente la medida, al considerarla “un retroceso institucional” y una señal preocupante sobre la política de derechos humanos del Ejecutivo.